Según la información recibida, el 3 de febrero de 2010, Vanessa Zepeda Alonzo, de 29 años de edad, quien era activa en el Frente de Resistencia y afiliada al Sindicato de Empleados de la Seguridad Social, fue encontrada muerta en Tegucigalpa. Según testigos oculares, su cuerpo fue lanzado desde un carro. Asimismo, el 15 de febrero de 2010, Julio Funez Benitez, miembro activo de la resistencia y afiliado al Sindicato de Trabajadores de SANAA, fue asesinado de dos balazos mientras conversaba en la acera de su residencia en la Colonia Brisas de Olancho, por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta. Finalmente, el 24 de febrero de 2010 fue asesinada en su domicilio Claudia Maritza Brizuela, de 36 años de edad, hija del dirigente sindical y social Pedro Brizuela, que participa activamente en la resistencia. Dos desconocidos llamaron a la puerta y al abrir, Claudia Brisuelas fue asesinada a balazos, frente a sus hijos de 2 y 8 años de edad.
La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando agrediendo y amenazando a los hijos y a las hijas de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la Ciudad de Danlí, departamento del Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado “Siempre al Frente con el Frente”, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días durante los cuales habría sido maltratada físicamente.
Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron el vehículo en el cual viajaba la joven junto con su hermano, su hermana y otras dos personas; cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, “a ver si esta vez los denunciaba”. Los cinco fueron obligados a punta de pistola a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente; la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas. Fueron liberados horas después.
Estos hechos se dan en un contexto de grave hostigamiento contra los miembros activos de la resistencia en Honduras, en el cual durante el último mes se han producido más de medio centenar de detenciones, ocho casos de torturas, dos secuestros, dos violaciones sexuales y un allanamiento de domicilio. Estas agresiones se han realizado contra miembros de la resistencia, sindicalistas y comunicadores sociales, así como sus hijos e hijas.
Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política.
La CIDH encuentra necesario reiterar que la participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades, y que reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, los Estados no sólo no deben interferir con el ejercicio de estos derechos sino que deben adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
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